Según datos del Consejo del Poder Judicial, durante el primer trimestre de 2025 los órganos judiciales españoles registraron 2.288.305 asuntos, lo que supone más de un 15% con respecto al año anterior.
El orden civil fue el que mayor incremento interanual tuvo, con un 31,5% más, registrándose 1.212.424 nuevos asuntos. Los datos comunicados por el CGPJ son llamativos y tienen a nuestro parecer una clara explicación: la abogacía ha intentado evitar que el nuevo requisito de procedibilidad de la Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 de abril, encareciese y dilatase asuntos ya encargados por los clientes.
Los MASC, que se han presentado como un cambio de paradigma y supuestamente vienen para descongestionar los juzgados, lo que en realidad producen es un encarecimiento de los litigios para los ciudadanos que tienen que asumir los costes por un trámite prejudicial obligatorio (negociación, arbitraje, mediación u otro) y también una nueva carga para la abogacía, que normalmente no puede repercutir completamente los costes de este trámite a sus clientes y los tiene que diluir junto con los del encargo judicial, absorbiendo parte del impacto económico.
Esta nueva “solución” para agilizar la justicia sigue una línea recurrente, poco imaginativa y unidireccional, consistente en imponer a ciudadanos y a profesionales los sacrificios para la mejora de la administración de justicia, y aunque esperamos equivocarnos, creemos que solo va a servir para dilatar más los litigios, encarecer los asuntos y perjudicar nuevamente a un colectivo esencial para la sociedad como es la abogacía y sobre todo a los ciudadanos que se ven en la necesidad de demandar justicia, pero no va a resolver el problema de la sobresaturación de nuestros juzgados, cuyo correcto abordaje precisa una mayor inversión por parte del Estado.